El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas mantienen una fuerte discusión por los recursos previstos para 2027. Mientras el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto una partida de $7,3 billones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que el sistema necesitará unos $11 billones para garantizar su funcionamiento y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Las diferencias también alcanzan la interpretación del fallo judicial que ordenó cumplir parcialmente esa norma. El Gobierno sostiene que la cautelar vigente obliga a actualizar salarios y becas y asegura que los incrementos otorgados están en línea con lo dispuesto. Las universidades, en cambio, afirman que todavía resta una recomposición salarial del 31,2%.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, reclamó mayor celeridad judicial. “Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple”, señaló.
La medida fue dictada por el juez Martín Cormick, quien ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 y el 1 de septiembre rechazó un pedido oficial para levantarla. La cuestión de fondo todavía debe resolverse y está vinculada con el decreto presidencial que promulgó la ley, pero suspendió su ejecución por falta de financiamiento.
Los rectores presentaron ante diputados y senadores una propuesta de $11 billones para las 60 universidades nacionales. El monto contempla salarios docentes y no docentes —que representan cerca del 90% del gasto—, funcionamiento, infraestructura, ciencia, becas y hospitales universitarios.
Bartolacci advirtió sobre el impacto que podría tener mantener las partidas oficiales: “Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”.
Según el titular del CIN, para cumplir estrictamente la ley el Ejecutivo debería presupuestar $9,8 billones, mientras que el resto hasta alcanzar los $11 billones corresponde a actualizaciones de otras áreas. El Gobierno rechaza ese cálculo y asegura que el proyecto contempla la cautelar judicial, una inflación estimada del 18% y un incremento del 20% para gastos de funcionamiento.
Con información de Clarín
