El Gobierno nacional declaró bajo secreto militar una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas, por lo que los detalles de la operación, incluidos los materiales, los montos y los proveedores, no serán difundidos públicamente.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.
La disposición permite avanzar con las contrataciones sin cumplir las obligaciones habituales de publicidad y difusión de los procedimientos de compra del Estado.
En los fundamentos, el Ejecutivo explicó que el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición de materiales y equipamiento cuya naturaleza, características y finalidad requieren que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas.
Según el texto oficial, su divulgación «podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación».
La decisión se ampara en un decreto de 1963 que contempla la clasificación de secreto militar para adquisiciones, fabricaciones, construcciones y negociaciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno autorizó al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar las acciones necesarias para concretar la operación.
Sin embargo, la norma no identifica qué equipamiento se comprará, cuál será su costo, de qué país provendrá ni a qué fuerza estará destinado.
No es la primera vez que la administración de Milei recurre a esta herramienta. Durante 2024 se dictaron disposiciones similares vinculadas con la adquisición de los aviones de combate F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para su funcionamiento y contrataciones complementarias.
La nueva medida se conoce en el marco del proceso de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas impulsado por el Gobierno nacional.
También coincide con un escenario de renovadas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, aunque el decreto no establece una vinculación entre ese conflicto y la compra.
El carácter reservado de la operación impide conocer, por el momento, las características y el alcance económico de la adquisición.







